El seguro obligatorio del Alojamento Local

La obligación es del titular de la explotación. El apartado 2 del artículo 13.º-A dice que «o titular da exploração de alojamento local deve celebrar e manter válido um seguro de responsabilidade civil extracontratual».

Titular de la explotación es quien explota el establecimiento, y no necesariamente quien es dueño del inmueble. Cuando el AL lo lleva un arrendatario, un gestor o una empresa, la póliza tiene que estar a nombre de esa persona: el seguro del arrendador no cumple la obligación de quien explota.

No hay umbral de tamaño. Una sola habitación en la modalidad de quartos está tan sujeta como un establecimiento de hospedaje con nueve habitaciones. La ley no distingue por número de unidades, por ingresos ni por noches vendidas.

• La obligación recae sobre el titular de la explotación, no sobre el propietario como tal.
• Se aplica a todas las modalidades y a cualquier tamaño.
• El seguro debe estar contratado y mantenerse en vigor, no contratarse una sola vez.

La palabra que importa en el apartado 2 es «manter», mantener. Una póliza caducada por impago deja de cumplir la norma el día en que deja de ser válida, aunque haya estado en vigor durante años.

El mismo apartado 2 define el ámbito de la cobertura: el seguro debe garantizar «os danos patrimoniais e não patrimoniais causados a hóspedes e a terceiros», los daños patrimoniales y no patrimoniales causados a huéspedes y a terceros.

Son dos extensiones que conviene separar. Primera: los daños no patrimoniales están expresamente incluidos, y no solo el perjuicio material. Segunda: la cobertura no se agota en los huéspedes, alcanza a terceros, lo que en la práctica significa vecinos, comuneros y quien pase por la calle.

Es un seguro de responsabilidad civil extracontractual. No es el multirriesgo del hogar, que cubre el inmueble del propietario frente a sus propios daños, ni el seguro de contenido. Tener multirriesgo no exime de este seguro, y un multirriesgo con una cobertura accesoria de responsabilidad civil solo sirve si garantiza efectivamente lo que exige el artículo 13.º-A.

El apartado 3 es una sola frase y no deja margen: «O capital mínimo do contrato de seguro previsto no número anterior é de 75 000 euros por sinistro.»

Fíjese en la unidad de medida. El mínimo es por siniestro, no por anualidad ni por huésped. Una póliza que ofrezca 75 000 € de capital agregado para todo el año cubre menos de lo que pide la ley, porque el segundo siniestro del año encontraría el capital ya consumido.

El valor es un mínimo, no un valor recomendado ni un máximo. Nada impide contratar un capital superior, y en un establecimiento con capacidad elevada hay buenas razones para hacerlo, pero por debajo de 75 000 € por siniestro la póliza no cumple el artículo 13.º-A.

El valor está fijado dos veces, y no en alternativa: en el apartado 3 del artículo 13.º-A y en el artículo 5.º de la Portaria 248/2021, de 29 de junio (Diário da República, 2.ª serie), que lo expresa «por cada estabelecimento de alojamento registado no Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) por sinistro». Para quien explota varios establecimientos, esa es la lectura que importa: el mínimo se cuenta por establecimiento, y no por titular.

Quien explota un AL instalado en una unidad de un edificio en régimen de propiedad horizontal tiene una segunda obligación, en el apartado 5: contratar o acreditar la existencia de «seguro válido que garanta os danos patrimoniais diretamente causados por incêndio na ou com origem na unidade de alojamento».

La formulación cubre el riesgo en los dos sentidos: el incendio que se declara en la unidad y el que tiene origen en ella y se propaga al resto del edificio. Es el segundo supuesto el que explica la norma: el daño que el AL puede causar a los vecinos.

El apartado 5 admite dos vías: contratar el seguro o acreditar que existe. Cuando el seguro de incendio de la comunidad, o el del propietario, ya cubre la unidad en los términos exigidos, lo que se hace es acreditar esa cobertura. En una vivienda unifamiliar, fuera de la propiedad horizontal, este segundo seguro no se exige por este apartado.

• Solo se aplica a unidades integradas en un edificio en propiedad horizontal.
• Cubre daños por incendio en la unidad y con origen en la unidad.
• Puede cumplirse contratando el seguro o acreditando que ya existe cobertura válida.

El artículo 13.º-A se titula «Solidariedade e seguros», y el apartado 1 explica la primera mitad del título: el titular de la explotación de alojamento local responde solidariamente con los huéspedes por los daños que estos provoquen en el edificio en el que está instalada la unidad.

Responsabilidad solidaria significa que el perjudicado puede exigir la totalidad de la indemnización a cualquiera de los responsables. Un comunero cuyo piso ha sido dañado por un huésped no tiene que identificar a ese huésped ni demandarlo: puede dirigirse a quien explota el AL.

El seguro del apartado 2 es la contrapartida directa de esa regla. El legislador creó una responsabilidad que sigue al operador aunque el hecho lo haya cometido otra persona y, en el apartado siguiente, le obligó a asegurarla. Leer los dos apartados por separado hace perder la lógica de ambos.

La solidaridad del apartado 1 se limita a los daños provocados en el edificio en el que está instalada la unidad. No es una responsabilidad general por todo lo que el huésped haga en cualquier lugar.

El apartado 7 da al ayuntamiento un poder de verificación con un plazo corto: el municipio puede exigir, siempre que lo estime conveniente, prueba documental de la contratación del seguro, «devendo o segurado fornecê-la no prazo máximo de três dias», es decir, en un plazo máximo de tres días.

Tres días es poco tiempo para pedir un certificado a la aseguradora, recibir respuesta y enviarlo. En la práctica, la norma solo se cumple con holgura si el justificante está guardado antes de que lo pidan, y actualizado cada vez que se renueva la póliza, porque el documento que interesa es el que acredita la validez en la fecha.

La petición puede llegar en cualquier momento y no depende de una denuncia, de una inspección presencial ni de ningún incidente. Es un poder de verificación documental que el municipio ejerce cuando lo estima oportuno.

La consecuencia más seria no es una multa. El apartado 6 del artículo 13.º-A dice que la falta de seguros válidos «é fundamento de cancelamento do registo», y el artículo 9.º, apartado 1, letra d), lo repite desde el lado del procedimiento: el presidente del ayuntamiento puede acordar la cancelación del registro cuando se verifique «a inexistência do seguro obrigatório válido ou a falta de envio da informação e comprovativo previstos no n.º 7 do artigo 13.º-A».

Son, por tanto, dos causas de cancelación y no una. No tener seguro es una. Tener seguro y no enviar el justificante dentro de plazo es otra, autónoma, y basta por sí sola.

La cancelación va precedida de audiencia previa, conforme al Código do Procedimento Administrativo. Es un procedimiento administrativo con contradicción, no un corte automático, pero termina con el registro cancelado, y sin registro válido no hay título de apertura al público.

La consecuencia que la ley asocia expresamente a la falta de seguro es la cancelación del registro, y es esa la que esta página afirma. El artículo 23.º califica como infracción económica grave el incumplimiento de los requisitos de los artículos 12.º a 14.º y remite los importes al RJCE; si esa remisión alcanza también al artículo 13.º-A es cuestión que el texto no resuelve, y por eso aquí no se publica un importe de multa por falta de seguro.